Hace unos días, comencé a recibir insistentemente correos a través del blog e invitaciones en Facebook para unirme a la campaña contra un terrorífico proyecto de ley que, entre otras cosas, abriría la puerta a la censura de Internet en Chile y que penaría nada menos que con desconexión a los usuarios que transgredan los derechos de autor.

El proyecto no es otro que las largamente postergadas modificaciones a nuestra actual Ley de Propiedad Intelectual, que serán votadas este martes 29 de septiembre en el Congreso. Entonces… ¿cómo podía pasársenos un golazo de semejante calibre?

Tras examinar el tema con mis secuaces amigos entendidos en la materia, revisando directamente el texto del proyecto, la verdad acabó siendo vergonzosamente distinta a lo que se ha estado difundiendo por la red.

Y es una pena. El diputado Gonzalo Arenas -gestor de la campaña- ha tenido un historial de defensa de los derechos de los internautas loable desde los tiempos de NeutralidadSI, sin embargo en esta ocasión le ha dado la razón a Buda cuando le dijo que se había convertido en “un monumento a la ignorancia“.

¿Por qué? Veamos qué establece el artículo 85 T del proyecto… y lo que no.

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En tiempos pretéritos, una ‘ejecución pública’ era un acto deleznable donde la multitud se reunía a disfrutar de las creativas formas que cada nación ideaba para finiquitar a un fulano.

En nuestros tiempos… también.

O al menos eso se desprende de la insólita acción de la ASCAP -la SCD estadounidense- que esta semana presentó una querella contra las proveedoras de telefonía móvil AT&T y Verizon buscando que se le paguen regalías por cada repique de teléfono celular… cada vez que suene.

Absurdo como lo leen, para la ASCAP el sonido de un ringtone es en efecto una ‘ejecución pública’, donde “ni siquiera es necesario que sea escuchado por otras personas para contar como tal”. Y por ende, alguien debe pagar a los autores.

Pero este requerimiento tiene un origen todavía más sorprendente. Verán, los proveedores de telefonía móvil -al igual que en Chile- ya cancelaban un 2% de sus ventas de repiques a la ASCAP por derechos de autor. Sin embargo en 2007 la organización decidió ir por más, demandando a RealNetworks y a AOL por sus servicios de venta de música en línea, alegando que sus descargas también son ‘ejecuciones públicas’.

¿El resultado? En abril de 2007 un tribunal de Nueva York les paró el carro, argumentando que es la “percepción simultánea de una transmisión y no su disponibilidad abierta lo que constituye una ejecución pública”.

Sumen 2+2. Los proveedores de telefonía se avivaron y cesaron los pagos con la excusa de que sus servicios también eran “descargas de música”, mientras la ASCAP contraatacó ferozmente: ahora no sólo se le debe cancelar el 2% por ventas, sino un porcentaje por cada ‘ejecución’.

Duh.

Y si algo llama la atención en este caso es la colusión de planteamientos con nuestra querida SCD. Tal como en Chile, la ASCAP asegura que ‘no buscan demandar ni cobrar a la gente’, sino sólo a los proveedores móviles… sin que requiera mucha inteligencia para saber que esos costos serán traspasados al consumidor.

Así las cosas es probable que lo único positivo sea la inédita alianza surgida entre las empresas de telefonía y la EFF (que defiende los derechos digitales de las personas), quienes calificaron la pretensión de la ASCAP como “absurda” y tan peligrosa, que el siguiente paso sería cobrar a quienes escuchan un CD en su auto con las ventanillas abajo o quienes se van con su radio portátil a la playa (bueno, al menos se le acabó la recreación a los flaites).

Habrá que estar atento a la resolución de los tribunales estadounidenses. Tenemos evidencia de sobra de que en casos de derecho de autor no se decide en base al sentido común y que, una vez sentado el precedente, sólo es cuestión de tiempo para que el modelo se exporte a Chile.

Por lo pronto vayan instalando una alcancía en sus celulares. Habrá que insertar una moneda cada vez que nos llamen.

…yo te doy.

Yo creo… que nos están cagando.

(El ojo avizor es de Carlos Moffat)

Un concepto importante que la gente suele olvidar es que no todo lo legal es necesariamente ético o beneficioso, y un ejemplo claro de ello nos lo da la polémica de moda en Internet: Who Chile.

Who es de esos sitios que dan miedo. A través de una simple interfaz y un pago electrónico de 1990 a 3490 pesos, se puede conocer íntimamente a cualquier cristiano. Nombre, edad, domicilio, teléfono, actividad, fecha de matrimonio o defunción y por supuesto toda suerte de datos comerciales como propiedades, préstamos o protestos, son adquiribles sin más trámite que un registro.

(Y que será el terror de las señoras bien, porque te adelanta en forma anónima y gratuita la edad de cualquiera).

Escalofriante como se ve, lo cierto es que Who Chile no hace nada ilegal. Toda la información que aglutina está disponible desde fuentes libres o pagadas, como el Registro Civil o el Servicio Electoral. Una especie de Pirate Bay de datos personales que no poseen ellos mismos, sino que sólo facilitan su acceso.

Aunque claro, con una diferencia: lucran con ello.

Y es que por más que nos digan que la herramienta es para dar con los viejos amigos de escuela… para eso ya tenemos Facebook. Who no puede evitar ese tufillo a Gran Hermano y sus creadores lo saben, por lo que no se apuran en reconocer a este hijo indigno.

Sin embargo basta juguetear con el sitio un rato para que tanto su dirección comercial como su gerenta general -Soledad Sotomayor- develen su matriz: AxonAxis (dato que un lector, Manuel Ortega, me confirmó astutamente checando la información del dominio).

Y aquí es cuando el asunto se pone sabroso, porque además de evitar toda referencia a Who, AxonAxis tiene en su Directorio a un viejo conocido: Hernán Orellana. Sí, el mismo ex-gerente de Microsoft Chile y cabeza de joyas como Mi Primer PC o el infame acuerdo con el Ministerio de Economía.

(Relación apoyada por lo demás en el uso de Silverlight, el absurdamente poco utilizado Flash-wannabe de Microsoft).

En suma, 2 conclusiones. Sitios como Who -que inflamarían cual Saiyajin a cualquier norteamericano o europeo- sólo son posibles gracias al desinterés con que los chilenos tratamos nuestros datos personales. Una situación que recién podría (podría) paliarse con las modificaciones a la ley de protección a la vida privada, motivada por los últimos escándalos entre farmacias e isapres.

Pero más allá de las mociones legislativas… ¿no jugamos una partida perdida? Con servicios públicos que ofrecen abiertamente esta información, filtración y venta de bases de datos, e incluso hasta hace poco un buscador que realizaban esta labor ad-honorem, ¿cuánta privacidad podemos esperar de cara al futuro?

Hace 10 años el ex-CEO de Sun Microsystems, Scott McNealy, vaticinó que “si tus datos ya están en Internet, entonces tienes cero privacidad – Resígnate”.

Al parecer tenía razón.